PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CITACIÓN OFICIAL

Mesa electoral y Jurado Popular: 

reclutamientos cívicos

1

En el artículo Política y participación sin exaltación, publicado en la revista El Catoblepas (abril de 2002), llamaba yo la atención sobre un fenómeno recurrente en la democracia española, tomada por muchos, dentro y fuera del país, como modélica y exportable, por ejemplo, a Iberoamérica, que nos pilla tan lejos y tan cerca. Señalaba allí una anomalía que afecta a la libertad de las personas, una perversión democrática, que a pocos ciudadanos parece inquietar.

Vivita y coleando todavía en nuestros días, no debe extrañar, decía allí, que la doctrina oficial dominante insista en las bondades de la participación política, y al hacerlo, más que apoyarse en la vocación voluntaria de la población, recalque la función coercitiva de la ley y el empuje de las instituciones a la hora de fijar al ciudadano en sus obligaciones cívicas, y de hacerle entrar en razón, si por un casual las olvidase o rehuyese. Esta forma de actuación presenta severas dudas y algunas aporías. 

Si, en efecto, la participación ciudadana en los asuntos públicos representa un valor superior a flor de piel, entonces ¿por qué no emerge natural y espontáneamente en la conciencia y el ser de los individuos? Y si es el caso, si el instinto de cooperación es manifiesto, ¿por qué no se considera suficiente su despliegue entre los convencidos y se insta o presiona, además, a los menos animosos por medio de la persuasión, la coacción y la ley? 

¿Por qué se denomina "excusa" a una legítima alegación por parte del afectado, palabra maliciosa que tiñe a priori de sospechoso y fingido, de evasivo y furtivo, el testimonio del ciudadano involucrado a su pesar en una labor a la cual ha sido llamado y sin haberla pedido? ¿He olvidado decir también "insolidario"? La solidaridad a la fuerza es, sin reservas, propósito y conducta injustas y de cariz autoritario; despóticas y repugnantes, si además están amparadas por la ley y el magistrado.

2

Vuelvo a este asunto, pues, a cuento de dos disposiciones establecidas por las autoridades políticas y amparadas por el ordenamiento jurídico, entre muchas otras más, presentes y recurrentes en la vida práctica, que afectan gravemente la calidad de la democracia y la participación ciudadana, que no se cuestionan suficientemente y, como digo, tampoco parecen incomodar a la pasiva población, también conocida como “mayoría silenciosa”. 

Me refiero, a la participación forzosa de los ciudadanos en dos actos de relevancia, como son la constitución de la Mesa Electoral, en las constantes, repetidas y "reincidentes" convocatorias electorales, y del Jurado Popular, reimplantado en España en el mes de mayo de 1995, una institución que entiende y decide en distintas causas judiciales dispuestas por el aparato de Justicia. Sobre el tema del Jurado Popular remito al lector interesado a dos textos que publiqué, uno, en 1997 (Voluntad y obligación de juzgar. Ética y política del Jurado en la revista Claves de razón práctica, Nº 77, 1997, págs. 65-67) y el otro, en 2003, El fallo del Tribunal del Jurado, en el diario Libertad Digital (03/10/2003).

el Gobierno está para atender al ciudadano, a quien debería temer (pues de él depende y él le sostiene), y no, en cambio, forzar ni coaccionar ni amenazar ni creer que está a su disposición, por sistema, mediante simple citación oficial

En ambos casos, los ciudadanos participantes en dichas actuaciones actúan bajo coacción, estilo imperativo, por sorteo y a boleo, convocados (movilizados, reclutados) de modo oficial y reglamentado, y bajo la advertencia de sufrir severas sanciones, desde cuantiosas multas a meses de prisión, en caso de desatender la llamada oficial (el llamamiento, el mandamiento, la citación) a estos deberes cívicos (deber y obligación sin duda son). 

Si se obliga a la participación es porque está ausente la vocación, pues el ciudadano tiene derecho a la abstención. 

Una y otra circunstancia, impositivas e imperativas, resultan molestas en sumo grado, indeseables, por lo general, a veces hasta arriesgadas, además de poco útiles. Pocos ciudadanos conozco o tengo constancia de que se sienten a la Mesa Electoral de turno con ilusión y extasiados de civismo. Por su parte, bufetes de abogados y bastantes encausados llevados a juicio temen, como una turbia adversidad, que el caso sea visto y sentenciado por un Jurado Popular en vez de por un juez, lo que incita en ocasiones a recurrir a pactos con la otra parte a fin de evitarlo.

¿Por qué recurrir y movilizar a particulares en su civilidad y asuntos propios y no a funcionarios y empleados públicos, los hay por millones y supuestamente capacitados para tareas administrativas, así como susceptibles, por su condición profesional a sueldo del Estado, de ser movilizados y aun militarizados, si es preciso?

Con todo, lo más grave del tema es hacer de una anomalía algo normal, una costumbre, una jugada del destino, una provocación, una lección de "pedagogía socializante", una calamidad, como una granizada o un atropello al cruzar la calle, un elemento consustancial al Sistema, que si no beneficia, al menos (más o menos) se tolera y soporta con resignación. Grave y errónea tasación de daños, a mi parecer. 

La democracia no tiene por qué ser necesariamente “democracia popular”. También puede adoptar la forma de una "democracia liberal".

3

En Estados Unidos (quiero decir, en lo que queda de Estados Unidos), entre otras naciones con tradición y pasado proclives a la libertad, la participación ciudadana como miembros en mesas electorales y en jurados populares no es obligatoria. La democracia en América tampoco aprecia que votar sea un deber. Estos hechos portentosos —en lo que les queda de existencia, según dicte la conveniencia de la corrección política— son consecuencia del propio proceso electoral en la mayoría de Estados de la nación (a excepción de Dakota del Norte, si estoy bien informado y no han cambiado las cosas). Para poder ejercer el derecho a voto, si así lo desea, el ciudadano estadounidense se inscribe como votante en una oficina electoral, nacional o local. De esta manera, la selección de miembros de la Mesa Electoral y del Jurado Popular se realiza, no sobre un censo general, sino sobre el listado de votantes inscritos (selección en primera instancia, pues deben ser ratificados por los representantes de la defensa y de la acusación en los prolegómenos de la vista).

Haya maneras y manners de entender la democracia y la función del Gobierno. En unos casos, el ciudadano está al servicio del poder y le teme. En el otro, el Gobierno está para atender al ciudadano, a quien debería temer (pues de él depende y él le sostiene), y no, en cambio, forzar ni coaccionar ni amenazar ni creer que está a su disposición, por sistema, mediante simple citación oficial, por correo certificado o entregado en mano por un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.