Juan Granados, Delito y castigo en España. Del talión a nuestros días, Arzalia Ediciones, Madrid, 2023
Según puede leerse en la contraportada del libro que
aquí y ahora llama nuestro interés y nuestra atención, la primera relevancia
que cabría destacar en el mismo reside en el hecho de haber llenado un hueco
notable en el asunto examinado y que hasta el momento presente quedaba por
cubrir: «Los numerosos estudios sobre la historia de los delitos y las penas en
la España contemporánea, han pasado de largo sobre estos fenómenos en períodos
anteriores, cuando aún no se había instaurado la codificación formal.»
Ciertamente, el ensayo de Juan Granados enmienda esta carencia o grieta, y de manera
más que sobresaliente. Aun así, y sin desmerecer dicha aportación —cual obra de compostura de piezas, de ampliación de espacios y aun de
reparación de daños—, a mi juicio el alcance y la importancia del presente libro
va mucho más allá, lo cual, bien es verdad, ha encontrado la ocasión de
hacerse patente en el momento en que el autor acomete la tarea de ofrecer un
retrato lo más completo posible del tema tratado.
Dicho de otro modo. Al ampliar la perspectiva
histórica y el arco de la investigación, tenemos como resultado bastante más sustancia que un exclusivo estudio del delito y el castigo en España desde los orígenes hasta la
actualidad (Del talión a nuestros días, según
reza el subtítulo del volumen). Ocurre que Juan Granados ha compuesto, de manera
sintética y concisa (de provecho tanto para lectores legos como versados), nada más y nada menos que una breve, a la vez que soberbia, historia del Derecho en España. Una destreza y una competencia éstas suficientemente
demostradas ya en trabajos precedentes, en los que es posible comprobar cómo hacer
simple lo complejo, breve lo espacioso, ajustado lo anchuroso. Ya se sabe: cuando menos es más; lo bueno
si breve… Y ahí están como ejemplos concretos sus aportaciones a la historia de los Borbones, de Napoleón Bonaparte y del liberalismo, sin olvidar el muy valioso ensayo La guerra de John Moore (2016), en cuyas manos adquiere la categoría de un esencial episodio nacional, que dice mucho sobre el ser y el parecer/padecer, las afinidades afectivas y los alianzas efectivas en la escena internacional, de los españoles.
En su nuevo libro, Juan
Granados asume con conocimiento y decisión la tarea de describir en el espacio geográfico y humano español la
evolución histórica de la concepción del delito, así como la caracterización de
las penas y los castigos, al tiempo que no descuida la tarea del análisis
crítico y filosófico de dichos temas provenientes de la antropología o la
sociología. El resultado de dicha convergencia (desgraciadamente, no muy frecuente en los estudios historiográficos patrios)
ofrece la reunión feliz de descripción de hechos y de
comprensión del problema; siendo especialmente enriquecedora la
atención aquí concedida al iusnaturalismo y al liberalismo (en su sentido no
anglosajón) como fuentes de sentido y significación.
Es tan común como ordinario enfocar la consideración
del delito y el castigo asociada necesariamente al funcionamiento de la
maquinaria de Estado. Sin embargo, la retrospectiva aquí llevada a cabo permite abrir otros horizontes explicativos. Porque, qué duda cabe, hay
realidad y verdad más acá y más allá del Estado, cuyo ordenamiento político y
jurídico está lejos, en rigor, de ser caracterizado como lo
más natural del mundo...
«Si el delito es una consecuencia del desasosiego
causado en el orden natural, la sanción o pena tiende más hacia una suerte de
desaprobación moral que hacia la pura venganza.» (pág. 18). De hecho, el delito
en sí puede entenderse, en esencia, como «consecuencia de la ruptura del hombre con el orden
natural.» (pág. 17), un orden que promueve el establecimiento en las sociedades de ritos que identifiquen y neutralicen la infracción y el desorden en aras a garantizar la convivencia y el entendimiento entre los individuos, cosechadores de paz y justicia. La desaprobación social o la expulsión de la
comunidad de los que atentan contra la vida, la libertad y la propiedad privada
de sus habitantes han sido, entre otros, modos de acometer el problema, tal y como
se observa en las sociedades anteriores a la constitución de los Estados, las leyes y la codificación formal de penas y castigos. Es frecuente olvidar, acaso intencionalmente, que esta última circunstancia causó necesariamente
la politización del derecho y la justicia, así como
que «los primeros códigos penales se elaboraron en las cortes de los déspotas
ilustrados, bajo la inspiración de los intelectuales que los asistían.» (pág.
173).
No todas las sociedades y tradiciones, empero, se han
plegado a la sumisa fagocitación del derecho y la justicia en beneficio de la política, las
instituciones y los funcionarios del Estado. Queda esto de manifiesto en el momento en
que confrontamos, por ejemplo, las normativas consuetudinarias, de orientación
liberal y particularmente perceptibles en los países anglosajones, en las que
la costumbre, la experiencia o la jurisprudencia priman sobre la mera
producción, a menudo insaciable y desmesurada, de leyes y códigos,
reglamentaciones y regulaciones, ordenamientos y formulismos voraces, como sucede en España y demás países de vocación estatalista.
La esmerada y bien dispuesta secuencia de capítulos que informan sobre las distintas etapas de desarrollo de nuestro asunto a lo largo de la historia de España permite comprobar el fárrago incontenible y la sucesión apabullante de legislaciones y codificaciones que han ido sumándose —y solapándose entre sí— a la menor ocasión, por lo común tras cambios en las instituciones políticas y gubernamentales, lo cual pinta la fachada del derecho y la justicia según el color, la orientación y la tendencia dominantes en cada momento, para propio beneficio de los sucesivos beneficiados en la arena de la lucha política a la vez que correctivo (¿venganza?, ¿ajuste de cuentas?) de las opciones derrotadas.
«En modo alguno es contrario a la práctica de las leyes que estén tan sólidamente establecidas que ni el propio rey pueda derogarlas».
Baruch de Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, VII, 1
La historia muestra —y este ensayo ejerce de fiel notario de la realidad— que en España no es preciso ser rey ni príncipe
para legislar ni para quitar y poner (quítate tú para ponerme yo…) gobiernos y gobernantes, sino, que se basta y sobra con disponer de un
grupo organizado, con capacidad y habilidad en materia de demagogia y juegos
de poder, para influir y, si cabe también, intimidar y fascinar,
amedrentar y amaestrar, a la población. Es muestra de salud liberal, democrática y social, el ir entendiendo a lo
largo de los siglos que las leyes deben constituir un marco para la acción política,
no ser instrumentos de acción política, así como que la sociedad debe actuar como protagonista y valedor principal en lugar de serlo las facciones y los partidos políticos o grupos de poder, la clase política y los
políticos, en fin. Y cuando, en este contexto, digo la «sociedad», podría decir igualmente la «nación».
Y he aquí un nuevo elemento, tan permanente como
perturbador en la dificultosa y dolorosa modernización de España, el cual ha
condicionado desde antiguo nuestro pasado, presente y futuro, a saber: la
permanente e intocable estructura estamental y de privilegios propia del
feudalismo y del Antiguo Régimen; adopte dicha propensión y afección la forma de
fueros, prebendas y desequilibrios territoriales o de identidades
regionales/nacionales, posteriormente denominadas «comunidades autónomas», «nacionalidades» y expresiones de este jaez. Todo
ello con la amenaza siempre patente o latente de secesión y segregación de
territorios que atenten contra la unidad nacional y, en consecuencia, contra los principios fundamentales en un sociedad bien ordenada, como son la división de poderes o la igualdad de los ciudadanos ante la ley, así como la misma efectividad del derecho y la justicia. Afecta esto, sin duda, al tema
específico del tratamiento y concepción, la teoría y la práctica, del delito y
el castigo aunque no sólo a los mismos.
Juan Granados, investigador y escritor
riguroso y crítico, ofrezca en esta obra ejemplar una visión poco complaciente
e indulgente del tema y el país analizados. Sea ello efecto del «siempre
barroco y teatral penalismo español» (pág. 208); sea porque «parece que la
sociedad contemporánea [española] no ha dado aún con respuestas verdaderamente
satisfactorias en la relación castigo-delito-plan de reinserción» (pág. 231). He aquí, en
fin, nuestro delito ni nuestro castigo…
Juan
Granados
(La Coruña, 1961) es estudioso de los intendentes españoles del siglo XVIII, así como de la historia de las instituciones y profesor de historia del Derecho y, también, del Delito y la cultura europea en la UNED.
Desde
2003 ha centrado su producción literaria en la narrativa y la divulgación
histórica, con la publicación de tres novelas y media docena de ensayos sobre
temas tan diversos como España en el Antiguo Régimen y el siglo XIX; Napoleón;
los Borbones o la taxonomía del liberalismo político. Es, además, inspector de
educación y ha colaborado, entre diversos medios de comunicación, entre otros, ABC y El Correo Gallego.
