GARZÓN, UN JUEZ A LA IZQUIERDA DE LA LEY

Creía ser un togado intocable, por encima del derecho positivo, del natural y de gentes, de la memoria de los vivos y los muertos, de la Historia de España y las civilizaciones del mundo, uníos. Alma justiciera de sumario fácil y espíritu de cuerpo judicial para la democracia popular, el juez Garzón, por fin y en primera instancia, ha sido presa de su propia trampa. Las páginas del libro del pasado y los que iban a morir dos veces por su causa general, le saludan desde el más allá.

Corazón de cazador blanco y víscera de ideología al rojo vivo, Garzón cogió su fusil y salió a disparar autos de fe progresista contra todo bicho viviente en el bestiario de quien cree poder poner fecha al juicio universal: Pinochet, Israel, Guantánamo, el PP, el general Franco. Y entre tanto legajo y portafolio, el hombre que veía amanecer en un juzgado de la Audiencia Nacional donde nunca se pone el sol, instruye otros casos —ETA como coartada— para que nadie le tome por un magistrado tendencioso y sectario, sino todo lo contrario. El cazador cazado ha podido comprobar, al fin, que no es una pieza imbatible.

Tres son los procedimientos en curso que acusan directamente a Baltasar Garzón del delito más grave que puede imputarse a un juez: prevaricación, esto es, proceder en el ejercicio de su poder a sabiendas de que actúa de manera manifiestamente injusta y contra la legislación vigente. Los tres expedientes en marcha contra el «juez estrella» componen un perfecto retrato en tonos sepia de la España bajo el Nuevo Socialismo de Zapatero, que tardará mucho en recuperar el buen color: la causa general contra el franquismo, las escuchas ilegales en el caso Gürtel y los dudosos cobros, a cargo del Banco de Santander, por impartir conferencias durante su estancia sabática en Nueva York.

Tres instrucciones que encajan con los tres grandes objetivos de la casta socialista alzada ruidosamente al poder en marzo de 2004. Primero: el anhelo melancólico de la derrota retroactiva del bando franquista, setenta años después. Segundo: la eliminación civil y política de la derecha opositora, a fin de que jamás pueda volver al Gobierno. Tercero: servirse de las instituciones financieras y de los distintos poderes del Estado para lograr privilegios, beneficios personales, prebendas y gabelas.

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo declara que «ha lugar a proceder» contra el juez Garzón por su iniciativa de juzgar ahora el régimen del general Franco, ignorando —inexcusablemente— la prescripción de delitos, la irretroactividad de la ley o la legislación sobre amnistía aplicada al caso. Esto es lo que —presuntamente— ha hecho por su cuenta el juez Garzón.

Pero hay más: este proceder sería incomprensible al margen de la aberrante Ley de Memoria Histórica, bajo cuyos auspicios, y desde la ignorancia documental y el rencor doctrinal, son removidos a diario cadáveres y fosas, escudos y vidrieras, rótulos y callejeros, archivos y bibliotecas, esculturas y estatuas, memorias y otras historias. Mudanzas y movimientos de tierras en los que asociaciones recreativas y particulares progresistas hacen caja repartiéndose el despojo. He aquí la causa general de la justicia redistributiva socialista: la reparación y la depredación desde la imaginación creativa.

Juzgar a Garzón por ilegalidad, anacronismo, sectarismo y mala fe en su particular actuación judicial abre la posibilidad de un proceso de mayor calado: resolver la primera de las tres principales querellas que tienen a España sojuzgada. Ello supone, para empezar, llevar, junto a Garzón, la «memoria histórica» al banquillo.

Publiqué esta columna en el diario digital Factual.es (hoy fuera de la circulación), bajo el título de «La “memoria histórica”, al banquillo», el día 11 de Abril de 2010. He introducido  pequeños cambios en algunas frases a fin de ajustarla a la hora actual.